Ante el conflicto entre Israel y los palestinos la Coordinadora Ecologista Almeriense quiere aportar información imparcial dado el manejo informativo intencionado que se está dando, en esta parte del Mundo, a esta guerra interminable.
El pasado 7 de octubre comenzó una escalada de violencia con el lanzamiento de cohetes por Hamás contra Israel y con una operación sin precedentes de sus combatientes contra el sur de Israel. Por su parte, Israel respondió bombardeando cientos de objetivos en la franja de Gaza. Amnistía Internacional ha recordado que atacar deliberadamente a civiles, llevar a cabo ataques desproporcionados y ataques indiscriminados que causan la muerte o hieren a civiles son crímenes de guerra.
Para entender el conflicto palestino-israelí hay que tener en cuenta sus antecedentes.
El conflicto actual entre israelíes y palestinos se remite a la declaración de independencia de Israel en 1948, un país que desde su fundación ha experimentado conflicto con sus vecinos, principalmente países árabes y musulmanes.
El caso de Israel encierra una triste paradoja. Por un lado, el Estado de Israel existe porque una resolución de Naciones Unidas le concede el derecho de existir. Es el primer Estado moderno creado de esta manera. Por el otro, el Estado de Israel no deja de vulnerar sistemáticamente todas y cada una de las resoluciones de esa misma organización que le dio la vida y que le reconoció la legitimidad de su existencia.
Israel representa a un pueblo que sufrió en sus carnes unos crímenes atroces. Años después es responsable de vulneraciones constantes del derecho internacional y de un sometimiento, represión y opresión constitutivos de crímenes de guerra contra otro pueblo marginado y repudiado: el palestino.
Claves para entender el conflicto palestino-israelí:
- La creación del Estado de Israel y el problema demográfico.
El sionismo es un movimiento nacionalista que persigue la creación de un Estado judío y democrático en la Tierra Prometida del judaísmo, localizada en la Palestina histórica. Movidos por razones económicas, nacional-religiosas y humanitarias, los judíos comenzaron a emigrar hacia esta Tierra Prometida en 1881. La primera oleada judía a gran escala tuvo lugar en la década de 1930, en pleno Mandato Británico, como consecuencia de la persecución nazi.
Con el paso de los años, las comunidades judías asentadas en la Palestina histórica fueron creciendo y, con ello, aumentaron los enfrentamientos entre los palestinos que reivindicaban la independencia y los judíos que consideraban ese territorio como propio. Ante este panorama, el Reino Unido acudió a Naciones Unidas en 1947, que emitió la Resolución 181 (II). Esta resolución dividió la región en dos Estados: uno árabe y otro judío. A este último se le asignó el 54% del territorio. A Jerusalén, ciudad clave para ambas culturas, se le asignó un estatus de “corpus separatum” bajo un régimen internacional.
· Las Guerras de 1948 y 1967.
Para los palestinos esta guerra fue la «Nakba» (desastre o catástrofe). Más de la mitad de la población árabe fue expulsada o huyó del territorio. Otras fuentes de Naciones Unidas hablan incluso del 85%. Entre 700.000 y 750.000 palestinos y palestinas fueron expulsados de sus hogares, perdieron sus tierras y se convirtieron en refugiados en países árabes vecinos, o desplazados en Gaza y Cisjordania. Esta categoría jurídica se extendió a sus descendientes y, más de 70 años después, la cifra de personas refugiadas supera los cinco millones. Se trata de la población refugiada más antigua de la historia moderna y uno de los principales focos de debate del conflicto, ya que la Resolución 194 de la ONU, de 1948, reconoce el derecho de retorno e indemnización de las personas refugiadas palestinas de aquel conflicto. Y también se lo reconoce a sus descendientes. Setenta y tres años después, la resolución sigue sin cumplirse.
Años más tarde, en 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Israel pasó a ocupar la totalidad de Gaza y Cisjordania, generando un nuevo éxodo de palestinos de aproximadamente medio millón de personas. Esta guerra es el comienzo oficial de una ocupación y colonización a través de los asentamientos ilegales de los Territorios Palestinos Ocupados que dura ya más de 50 años.
Además, desde 2002, Israel ha levantado toda una serie de muros, bloqueos, puestos fronterizos y de cruce y zonas restringidas para separar las zonas y el conjunto de Cisjordania de Israel. Los llamados muros tienen un doble objetivo: facilitar los trayectos y las comunicaciones entre los asentamientos de los colonos israelíes y torpedear la libertad de movimiento de la población palestina, aislándola en las dos primeras zonas, sin que puedan tener apenas acceso a nada más.
· Gaza, la cárcel más grande del mundo.
Gaza es la prisión más grande de la tierra. Según el propio Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, es “el infierno en la tierra”. Una de las regiones donde la situación humanitaria es extremadamente preocupante y donde viven 1,6 millones de personas, de las cuales, más de la mitad son menores. Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del mundo.
El 38% de la población vive en situación de pobreza. El 54% de los habitantes padecen inseguridad alimentaria y más del 75% son beneficiarios de ayuda. El 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus aguas de pesca son total o parcialmente inaccesibles debido a las medidas militares israelíes. Cada día se vierten en el mar entre 50 y 80 millones de litros de aguas residuales parcialmente tratadas. Más del 90% del agua del acuífero de Gaza no es potable. Alrededor de un tercio de los artículos de la lista de medicamentos esenciales están agotados.
Y podríamos seguir. Está bloqueada desde 2007 por orden de Israel y miles de personas arriesgan sus vidas contrabandeando mercancías con la frontera de Egipto como consecuencia de las restricciones israelíes. La población de Gaza se encuentra aislada del resto de territorios palestinos. Durante los años que dura ya el bloqueo, muchos de sus residentes nunca han tenido la oportunidad de salir del territorio.
La población de Gaza está integrada en su mayoría por personas palestinas que fueron expulsadas por la fuerza de sus hogares y sus tierras desde 1948 en adelante, así como por sus descendientes. Solo pudieron permanecer dentro de Israel, en muchos casos, como personas desplazadas, unas 150.000, el 15% de la población, que en 1952 accedieron a la ciudadanía. Estas personas y sus descendientes son los llamados «árabes-israelíes» y actualmente suponen el 20% de la población.
Desde el año 2007, Gaza está gobernada de facto por Hamás, una organización terrorista según múltiples países e instituciones internacionales, incluida la Unión Europea. Cabría preguntarse, por tanto, si la comunidad internacional, con su letargo y pasividad, es responsable de que una organización terrorista sea uno de los principales, por no decir principal actor en la defensa del pueblo palestino. Más aún si tenemos en cuenta que Hamás tampoco tiene especial reparo en utilizar a los propios palestinos como escudos humanos.
En el año 2018 tuvo lugar la Gran Marcha del Retorno, una serie de protestas en la Franja que a lo largo de la valla reivindicaban el derecho de retorno a sus hogares de Cisjordania de las personas desplazadas en Gaza y refugiadas en otros países vecinos. Las protestas se saldaron con una brutal represión israelí, que dejó centenares de personas muertas y miles de heridas.
· La política de demoliciones y destrucciones.
Hay dos leyes clave en la política de desalojos en Jerusalén Este: la Ley de Bienes Ausentes de 1950 y la Ley de Asuntos Legales y Administrativos de 1970.
La primera prohíbe a la población palestina reclamar las propiedades que perdieron durante el conflicto de 1948. No pueden reclamarlas ni quienes fueron expulsados fuera de las fronteras ni aquellos reubicados dentro de Cisjordania, concretamente en Jerusalén Este, como es el caso de los residentes de Sheikh Jarrah o de Silwan.
La segunda permite exclusivamente a los judíos reivindicar tierras y propiedades supuestamente propiedad de judíos en Jerusalén Este antes del establecimiento del Estado de Israel en 1948. Esta Ley de 1970 ha permitido que entidades judías con un estatuto jurídico poco claro se apropiaran de diferentes barrios de Jerusalén Este, incluido Sheikh Jarrah. Estas entidades después vendieron los derechos de propiedad o transfirieron su gestión a organizaciones de colonos que no tienen vínculos con los supuestos propietarios judíos originales. Finalmente, estas organizaciones de colonos han presentado demandas de desalojo contra los palestinos residentes en dichas propiedades. Los palestinos, por su parte, no pueden reclamarlas ni disponer de una ley similar porque la Ley de 1950 se lo prohíbe. Es una trampa jurídica perfecta que básicamente permite a los judíos reclamar propiedades que perdieron durante la guerra de 1948, mientras se lo prohíbe a los palestinos .
La política de desalojos forzosos y destrucción de propiedades se lleva a cabo también en el resto de Cisjordania, pero con otro pretexto. En lugar de aplicar leyes, aplica ordenanzas militares, como la 1797 o la 1252. La primera sirve para demoler estructuras palestinas con un aviso previo de 96 horas, limitando el margen y posibilidades de los palestinos de reclamar nada. La segunda se utiliza para confiscar sin previo aviso “estructuras móviles” dentro de los 90 días siguientes a su construcción. Los asentamientos ilegales de colonos israelíes avisan al Gobierno rápidamente en cuanto ven una estructura palestina nueva, y entonces la administración israelí se moviliza mediante estas órdenes militares. Las estructuras palestinas demolidas o confiscadas son residencias, centros de saneamiento o higiene, centros sanitarios, refugios o instalaciones de abastecimiento de agua.
El círculo de la política de desalojos y destrucciones se cierra también en Cisjordania con la catalogación de “zonas de tiro” para entrenamiento militar. Desde 1970, Israel ha declarado que el 18% de Cisjordania únicamente sirve para entrenamiento militar, por lo que es peligroso vivir allí y en consecuencia nadie puede hacerlo. Casualmente, esas zonas de tiro abarcan zonas estratégicas por los recursos que alberga y/o son zonas en las que viven (o vivían) comunidades palestinas especialmente vulnerables que carecían de acceso a sanidad, electricidad, educación o agua.
· La impunidad.
El Consejo de Seguridad y otros órganos de Naciones Unidas han emitido toda una serie de resoluciones y decisiones, además de las ya citadas en este artículo, respecto a los asentamientos, la anexión de Jerusalén Este, de los Altos del Golán sirio o la anexión de facto de Cisjordania mediante la confiscación de tierras y sus crecientes actividades de asentamiento, así como respecto a la ocupación y a los constantes incumplimientos por parte de Israel de todas estas resoluciones.
Israel solo ha cumplido totalmente el 0’5% de las resoluciones en materia de derechos humanos que se le han presentado, y ha habido muchas.
El principal problema del mundo moderno no es la falta de leyes, sino la ausencia de voluntad política. Como dijo el Secretario General Antonio Guterres “no puede haber paz sin justicia, ni justicia si prevalece la impunidad”, ni tampoco puede haber paz si no se respeta el derecho internacional.
Por lo tanto, el fin de la impunidad de Israel solo pasa por una clara voluntad política de la comunidad internacional que implique la rendición de cuentas y el fin de la cultura de la excepcionalidad. Se han pronunciado al respecto la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Derecho Humanos o el propio Secretario General, pero la comunidad internacional, que dispone de una serie de medidas para apremiar la rendición de cuentas, no hacen valer lo que sus propias leyes, decisiones y obligaciones humanitarias vinculantes les apremian a hacer. Sin una intervención decisiva de la comunidad internacional, el status quo de la ocupación puede mantenerse indefinidamente como consecuencia de los grandes desequilibrios de poder.
Es cierto que durante los últimos dos años parece que el paradigma internacional va cambiando un poco, pero el proceso de reconocimiento internacional de los crímenes de Israel sigue siendo demasiado lento y continúa con más sombras que luces en un contexto que siempre favorece al país judío.
Por su parte, tras el conflicto armado de mayo de 2021, Naciones Unidas anunció una comisión internacional de investigación sobre las presuntas violaciones tanto del derecho internacional humanitario como del derecho internacional de los derechos humanos en la región desde abril del mismo año. Las conclusiones de dicha investigación son claras: Israel debe poner fin a la ocupación y discriminación contra la población palestina. Tal es el poco respeto que Israel siente por el orden y derecho internacional que la propia Comisión afirma que Israel está demostrando que no tiene ninguna intención de acabar con dicha ocupación.
Israel, y los defensores de sus políticas presentes en la mayor parte de los países, acuden constantemente a la narrativa del antisemitismo para tratar de deslegitimar cualquier denuncia o crítica de las acciones del país judío. Resulta paradójico que, para defenderse, las autoridades israelíes acudan a un discurso en el que presentan al país como una democracia imperfecta pero abierta a las críticas, mientras que, al mismo tiempo, cualquier denuncia de vulneraciones graves de derechos humanos y del derecho internacional es considerada un acto de antisemitismo.
De hecho, esta fue la reacción ante otro movimiento histórico de Naciones Unidas: Michael Lynk, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, presentó en marzo de 2022 un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el que concluye que la situación en los Territorios Palestinos Ocupados constituye APARTHEID.
Pero por mucho empeño que pongan las autoridades israelíes y sus defensores a lo largo del mundo en deslegitimar las denuncias de vulneraciones graves de derechos humanos, acusándolas de antisemitismo y de complot internacional de difamación, no podrán ocultar nunca la realidad. Una realidad que implica el desalojo forzoso de población palestina y la demolición de sus viviendas; campañas de represión contra organizaciones civiles palestinas acusadas de terrorismo; ataques ilegítimos muy potencialmente constitutivos de crímenes de guerra y escaladas de ataques contra la población palestina y sus bienes en toda la Cisjordania ocupada.
Por si fuera poco, el caso israelí encierra una última y triste paradoja. Israel, que se enorgullece legítimamente de su independencia, lleva a cabo muchas de las prácticas mencionadas en base al Reglamento de Defensa (de Emergencia) de 1945, dictado por Gran Bretaña para aplastar la resistencia a su gobierno cuando era la potencia colonial en la región, y aún hoy en vigor.
La inestabilidad política del país, que ha desembocado en el retorno de Benjamín Netanyahu al poder, histórico primer ministro israelí que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y consolidación del apartheid, no alimenta especialmente las esperanzas del fin de los crímenes internacionales.
“NO HAY LUGAR SEGURO EN GAZA”.
“No hay lugar seguro en Gaza”: Ataques ilegítimos de Israel ilustran el insensible desprecio por las vidas de las personas palestinas.
Las fuerzas israelíes han demostrado —una vez más— una escalofriante indiferencia hacia el catastrófico número de víctimas civiles que sus incesantes bombardeos siguen causando en la Franja de Gaza ocupada.
Como parte de su investigación en curso sobre las violaciones de las leyes de la guerra, Amnistía Internacional ha documentado dos casos ilustrativos en los que los ataques israelíes han causado la muerte de 46 civiles, de los que 20 eran niños y niñas. La víctima de más edad fue una mujer de 80 años, y la más joven un bebé de tres meses. Estos ataques deben ser investigados como crímenes de guerra.
Los ataques, que tuvieron lugar los días 19 y 20 de octubre, alcanzaron el edificio de una iglesia donde se refugiaban cientos de civiles desplazados en la Ciudad de Gaza y una vivienda en el campo de refugiados de Al Nuseirat, en el centro de Gaza.
Amnistía Internacional, basándose en su investigación en profundidad de estos hechos, ha determinado que estas acciones bélicas fueron ataques indiscriminados o ataques directos contra civiles o bienes de carácter civil, que deben ser investigados como crímenes de guerra.
“Estos ataques mortíferos e ilegítimos forman parte de una constante documentada de desprecio por la población civil palestina y demuestran los devastadores efectos de la ofensiva sin precedentes de las fuerzas armadas israelíes, ante la cual ya no queda ningún lugar seguro en Gaza, sin importar dónde vivan o busquen refugio las personas civiles”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política Globales de Amnistía Internacional.
“Instamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a tomar de forma inmediata medidas concretas para acelerar la investigación sobre los crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional abierta en 2021″.
“Los desgarradores relatos de sobrevivientes y familiares de las víctimas que describen el devastador precio en vidas humanas de estos bombardeos ofrecen una instantánea del sufrimiento masivo que los incesantes ataques de las fuerzas armadas israelíes infligen a diario a la población civil en Gaza y subrayan la necesidad urgente de un alto el fuego inmediato.”
Amnistía Internacional ha visitado los lugares donde tuvieron lugar los ataques, ha tomado fotografías de las secuelas de cada ataque y ha entrevistado a un total de 14 personas: 9 sobrevivientes, 2 testigos, un familiar de víctimas y 2 dirigentes religiosos. El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional ha analizado imágenes de satélite y materiales audiovisuales de fuente abierta para geolocalizar y verificar los ataques.
La organización también ha examinado declaraciones pertinentes de las fuerzas armadas israelíes y el 30 de octubre remitió preguntas a la unidad del portavoz del ejército israelí en relación con el ataque a la iglesia y al campo de Al Nuseirat camp. En el momento de publicar este comunicado, no se había recibido respuesta.
Las autoridades israelíes no han publicado ninguna prueba creíble que sustente los motivos que justifiquen estos ataques, y tampoco sobre los presuntos objetivos militares presentes. Por el contrario, en el caso del bombardeo del edificio de la iglesia, las fuerzas armadas israelíes publicaron información contradictoria, incluidos un vídeo que más tarde retiraron y una declaración que no fundamentaron. La investigación de Amnistía Internacional no encontró indicio alguno de que los edificios afectados pudieran considerarse objetivos militares ni de que fueran utilizados por combatientes.
Estas conclusiones se basan en documentación previa de Amnistía Internacional sobre ataque israelíes ilegítimos durante la actual escalada y en documentación de una constante similar de ataques ilegítimos en las ediciones anteriores de las operaciones israelíes en Gaza. Los bombardeos actuales no tienen precedentes en Gaza en cuanto a intensidad, número de víctimas mortales entre la población civil y nivel de destrucción causado en viviendas, escuelas, hospitales y otras infraestructuras civiles.
“La organización ha documentado ampliamente el insensible desprecio de las fuerzas israelíes por el derecho internacional humanitario en operaciones militares anteriores, pero la intensidad y crueldad de los bombardeos actuales no tienen precedentes”, ha afirmado Erika Guevara Rosas.
“El horripilante número de víctimas mortales en Gaza —en sólo seis semanas han muerto más de 11.000 personas palestinas, de las que más de 4.600 eran niños y niñas— indica en sí mismo hasta qué punto las fuerzas israelíes que ordenan y llevan a cabo estos ataques consideran desechables las vidas de las personas palestinas.”
“Mi corazón murió con mis hijos”.
El 19 de octubre, un ataque aéreo israelí destruyó un edificio en el recinto de la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio, en el centro de la ciudad vieja de Gaza, donde se refugiaban unos 450 miembros internamente desplazados de la pequeña comunidad cristiana de Gaza. El ataque causó la muerte de 18 civiles y heridas al menos a otras 12 personas.
Ramez al Sury, que perdió a sus hijos, su hija y otros 10 familiares en el ataque, dijo a Amnistía Internacional: “Mi corazón murió con mis hijos esa noche. Los mataron a todos: Majid, de 11 años, Julie, de 12, y Suhail, de 14. No me queda nada. Debería haber muerto con mis hijos y mi hija.
“Yo estaba allí apenas dos minutos antes. Mi hermana me dijo que bajara al sótano para ayudar a mi padre [que está] postrado desde que sufrió un accidente cardiovascular […] mis hijos se quedaron en la habitación con mis primos y sus esposas e hijos. Fue entonces cuando se produjo el ataque y los mató a todos.
“Dejamos nuestras casas y nos vinimos a la iglesia porque pensamos que aquí estaríamos protegidos. No tenemos otro lugar adonde ir. […] la iglesia estaba llena de gente pacífica, sólo gente pacífica. […] No hay lugar seguro en Gaza en esta guerra. Bombardeos en todas partes, día y noche. Cada día, más y más civiles mueren. Rezamos por la paz, pero nuestros corazones están rotos.”
Sami Tarazi dijo a Amnistía Internacional que su padre y su madre, Marwan y Nahed, murieron, junto con su sobrina de seis meses, Joelle, y su familiar de 80 años, Elaine.
Uno de los dirigentes de la iglesia dijo a Amnistía Internacional: “No sabemos por qué [se lanzó] este bombardeo contra nuestra iglesia; nadie ha dado una explicación de por qué se ha causado esta tragedia. Esto es una iglesia, un lugar de paz y amor y oración. […] No hay seguridad en ningún lugar de Gaza en este momento.”
El 20 de octubre, las fuerzas armadas israelíes publicaron en las redes sociales un vídeo de material filmado por un dron, que Amnistía Internacional ha examinado y archivado, que muestra el momento del ataque aéreo contra un edificio dentro del recinto de la iglesia. Varios medios de comunicación informaron después de una declaración de las fuerzas armadas israelíes en la que se indicaba que “aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el centro de mando y control perteneciente a un terrorista de Hamás implicado en el lanzamiento de cohetes y morteros hacia Israel”, se reconocía que “un muro de una iglesia en la zona sufrió daños” como consecuencia del atraque, y se aseguraba que “el incidente se está examinando”.
Sin embargo, el vídeo de las fuerzas armadas israelíes que muestra el ataque ha sido borrado después, y ni las fuerzas armadas ni las autoridades israelíes han aportado información que corrobore la afirmación de que el edificio de la iglesia destruido era un “centro de mando y control” de Hamás, ni información adicional sobre el pretendido examen del ataque.
El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional ha examinado, verificado y geolocalizado vídeos e imágenes publicadas en las redes sociales de los momentos inmediatamente posteriores al ataque, y ha analizado imágenes del lugar tomadas desde satélite antes y después del ataque, y todo ello confirma la destrucción de un edificio y la destrucción parcial de otro en el recinto de la iglesia.
Una persona experta en armas de Amnistía Internacional también ha examinado el vídeo de las fuerzas armadas y otras imágenes y ha llegado a la conclusión de que munición de gran calibre lanzada desde el aire impactó directamente en el edificio donde se refugiaban las personas fallecidas y heridas.
Personas responsables de la iglesia habían declarado públicamente que cientos de civiles se refugiaban allí antes del ataque, por lo que las fuerzas armadas debían de conocer su presencia. La decisión de las fuerzas armadas israelíes de seguir adelante con un ataque contra un recinto religioso conocido y lugar donde había civiles desplazados fue imprudente y por tanto es constitutiva de crimen de guerra, aun en el caso de que se creyera que había un objetivo militar en las proximidades.
“Viviré con este sentimiento de culpa el resto de mi vida”.
El 20 de octubre, hacia las 2 p. m., hora local, 28 civiles —12 de ellos niños y niñas— murieron por un ataque israelí que destruyó la vivienda de la familia Al Aydi y causó graves daños en dos casas vecinas en el campo de refugiados de Al Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, dentro de la zona a la que las fuerzas armadas israelíes habían ordenado a las personas residentes en el norte de Gaza que se trasladaran.
Murieron Rami al Aydi, su esposa Ranin y los tres hijos de ambos: Ghina, de 10 años; Maya, de 8, e Iyad, de 6. Zeina Abu Shehada y sus dos hijos, Amir al Aydi, de 4 años, y Rakan al Aydi, de 3, también murieron, así como las dos hermanas y la madre de Zeina.
Hani al Aydi, que sobrevivió al ataque, dijo a Amnistía Internacional: “Estábamos sentados en casa, estaba llena de gente, de niños y niñas, de familiares. De repente, de forma inesperada, todo se derrumbó sobre nuestras cabezas. Todos mis hermanos murieron, mis sobrinos, mis sobrinas. […] mi madre murió, mis hermanas murieron, nuestra casa ya no está. […] Aquí no hay nada, y ahora no nos queda nada y estamos desplazados. No sé hasta dónde pueden empeorar las cosas. Pero, ¿pueden empeorar?”.
La esposa y las tres hijas de Hazem Abu Shehada estaban entre las víctimas. Se habían trasladado desde el cercano campo de refugiados de Al Maghazi en busca de seguridad. Hazem explicó a Amnistía Internacional: “Viviré con este sentimiento de culpa el resto de mi vida. Fui yo quien sugirió que se mudaran allí temporalmente. Ojalá no lo hubiera hecho, ojalá pudiera retroceder en el tiempo. Habría preferido morir todos juntos antes que perder a mi familia.”
El ataque también causó graves daños y la destrucción casi total de las casas vecinas de las familias Al Ashram y Abu Zarqa. En la vivienda de la familia Abu Zarqa murieron seis personas, entre ellas cuatro niños y niñas: las hermanas Sondos, de 12 años, y Areej, de 11; y su prima Yara, de 10 años, y su primo Khamis Abu Tahoun, de 12.
La investigación de Amnistía Internacional concluyó que todas las personas presentes en la casa de la familia Al Aydi, que se vio directamente afectada, y en las dos casas cercanas eran civiles. Dos miembros de la familia Al Aydi tenían permiso para trabajar en Israel, cuya expedición requiere rigurosos controles de seguridad por parte de las autoridades israelíes, tanto para quienes obtienen el permiso como para su familia extensa.
Imágenes de satélite del lugar confirman la destrucción —compatible con un ataque aéreo— entre el 20 de octubre a las 11.19 horas UTC y el 21 de octubre a las 08.00 horas UTC. La zona y muchas de las construcciones parecen haber sufrido daños considerables.
El derecho internacional humanitario.
Las partes en conflictos armados deben distinguir en todo momento entre personas civiles y bienes de carácter civil, por una parte, y combatientes y objetivos militares, por otra. Los ataques directos contra personas civiles y bienes de carácter civil están prohibidos, por ser ataques indiscriminados.
Cuando Israel ataca un objetivo militar, está obligado a tomar todas las precauciones factibles para evitar, y en cualquier caso minimizar, causar muertes y heridas a personas civiles y daños a bienes de carácter civil. Estas precauciones incluyen hacer todo lo posible para verificar que un objetivo es un objetivo militar; elegir medios y métodos de ataque que minimicen los daños civiles; evaluar si un ataque será desproporcionado; avisar de manera efectiva y con antelación cuando sea factible; y cancelar el ataque si resulta evidente que será ilegítimo.
Amnistía Internacional no ha encontrado ningún indicio de que hubiera objetivos militares en los lugares donde se produjeron los dos ataques, ni de que las personas que estaban en los edificios fueran objetivos militares, lo que hace temer que estos ataques fueron ataques directos contra personas civiles o contra bienes de carácter civil.
Pero aun en el caso de que hubiera habido un objetivo militar legítimo en las proximidades de cualquiera de los edificios atacados, estos ataques no distinguieron entre objetivos militares y bienes de carácter civil. Los datos recopilados por Amnistía Internacional también indican que las fuerzas armadas israelíes no tomaron las precauciones factibles para minimizar los daños a personas civiles y bienes civiles, entre otras cosas por no avisar —como mínimo a las personas que vivían en los lugares afectados— antes de lanzar los ataques.
Los ataques indiscriminados que maten o hieran a civiles constituyen crímenes de guerra. Una constante prolongada de ataques imprudentes que afectan a bienes de carácter civil, que Amnistía Internacional ha documentado en todos los ataques en curso de Israel, así como durante los conflictos de 2008-2009, 2014 y 2021, podría equivaler a dirigir los ataques contra personas civiles y bienes de carácter civil, que también es un crimen de guerra.
La densidad de población extremadamente alta de Gaza entraña desafíos adicionales para todas las parte implicadas en el conflicto. El derecho internacional humanitario exige que Hamás y otros grupos armados tomen todas las precauciones factibles para proteger a la población civil de los efectos de los ataques. Esto incluye evitar, en la medida de lo posible, situar objetivos militares dentro de zonas densamente pobladas o en sus proximidades.
Sin embargo, aun en el caso de que los grupos armados incumplan sus obligaciones, Israel sigue estando sujeto al derecho internacional humanitario, incluida la prohibición de los ataques indiscriminados y desproporcionados. ▄